Vicenç NavarroLos profesionales y empleados del sector público sanitario catalán se han movilizado en contra de los enormes recortes del gasto público sanitario que ha impuesto el nuevo gobierno de la Generalitat, como parte de sus medidas de austeridad, necesarias –según tal gobierno- para reducir el déficit y cumplir los requisitos establecidos por Bruselas. A este argumento se ha sumado otro proveído por el Conseller de Salut, el Sr. Boi Ruiz quién, antes de ser nombrado para ocupar tal cargo, había sido Presidente de la Patronal Hospitalaria privada. El Conseller Boi Ruiz indicó, en una entrevista a la televisión pública catalana TV3, que los recortes eran necesarios para salvar la sanidad pública, pues, en caso de no realizarse, la sanidad pública se colapsaría. En un debate de tertulianos que siguió la entrevista al Conseller, todos los tertulianos acentuaron la necesidad de hacer recortes, mostrando sus diferencias en como deberían hacerse. No es pues sorprendente que en una encuesta entre los televidentes del programa (muchos de ellos de simpatías próximas a la sensibilidad nacionalista conservadora de TV3), la enorme mayoría (el 78%) se declaraba a favor de los recortes. Y toda una batería de columnistas próximos al partido gobernante (que son muy abundantes no solo en la televisión y radio pública del gobierno de la Generalitat sino también en los mayores medios de difusión en Cataluña) acentuaron la necesidad de tales recortes. Una voz representativa es Pilar Rahola, la cual, en su columna de La Vanguardia, reproducía los argumentos que había dado el Conseller, atribuyendo las enormes manifestaciones en contra de los recortes a la proximidad de las campañas electorales municipales y sindicales, quejándose de la politización que la oposición estaba haciendo de tales recortes que ella consideraba necesarios.
Tal argumento ignora que los recortes son, en realidad, motivados políticamente respondiendo a intereses particulares en lugar de generales. Tales recortes, en un sistema público escasamente financiado, significan un daño considerable al sector sanitario catalán. El gasto público sanitario per cápita de Catalunya es de 1.410 euros estandarizados (euros homologados en su capacidad de compra en países de distinto nivel de riqueza) y de 1.744 en España, siendo los más bajos de la UE-15 cuyo promedio es de 2.102, y ello a pesar del crecimiento muy notable de tal gasto durante el periodo 2003-2010, en que la Generalitat estuvo gobernada por las izquierdas. Cataluña, cuyo PIB per cápita es el 120% del promedio de la UE-15, tiene un gasto público sanitario per cápita de solo el 80% del promedio de la UE-15. Catalunya se gasta solo el 4.5% del PIB en sanidad, frente al 6.7% en España y el 7.5% en la UE-15.
El problema no es el excesivo gasto público sino los escasos ingresos al estado
Tales recortes no solo son muy perjudiciales sino que son innecesarios. En realidad el bajo gasto público sanitario per cápita no es, como las derechas nacionalistas constantemente acentúan, debido “al expolio de Catalunya por parte de España”, sino a las políticas fiscales regresivas llevadas a cabo en el estado español (incluyendo el catalán) con el apoyo de CiU. España y Cataluña tienen los ingresos al estado más bajos de la UE-15. Solo el 34% del PIB, comparado con el 44% en la UE-15 y el 54% en Suecia. Ni que decir tiene que el históricamente heredado centralismo del estado español explica que todavía haya una sobrecarga de “solidaridad” de Cataluña con España en los intercambios fiscales entre el estado central y el gobierno autonómico catalán, sobrecarga que debe corregirse (el déficit fiscal de Catalunya respecto al Estado es mayor que el que ocurre en sistemas federales como Alemania y EEUU) y se estaba corrigiendo durante los pactos fiscales que tomaron lugar durante el gobierno tripartito, entre tal gobierno y el gobierno central. Pero acentuar esta dimensión (muy rentable políticamente para los nacionalistas y secesionistas) es ocultar el mayor expolio que no es de nación sino de clase social, es decir el hecho de que las clases pudientes catalanas (en alianza con las clases pudientes castellanas y de otros pueblos y naciones de España) no están contribuyendo al estado en la medida que deberían, y ello como consecuencia de la regresividad de las políticas fiscales (que se acentuarán con los recortes de los impuestos a los grupos más pudientes de la población como el impuesto de sucesiones, y la propuesta eliminación del gravamen de las rentas superiores aprobado por el gobierno de izquierdas anterior) y del elevado fraude fiscal en el que incurren sobre todo las rentas superiores.
Un caso semejante ocurre a nivel de todo el estado. El déficit total de la sanidad española es de 15.000 millones de euros, una cantidad que representa la mitad de la cifra que los propios inspectores de Hacienda del Ministerio de Economía han indicado que podría corregirse revirtiendo las reformas regresivas que se hicieron en los últimos quince años (con el apoyo de CiU) y que afectarían a solo una minoría de la población. Como indicó en su día el Fondo Monetario Internacional, dos terceras partes del déficit estructural del Estado español (que incluye al gobierno central y a los autonómicos) se debe a los recortes de impuestos que han ido tomando lugar en España (y en otros país de la UE-15) durante los últimos quince años. El boom inmobiliario y su elevado crecimiento económico había ocultado este déficit estructural del estado, que apareció con toda claridad cuando el boom inmobiliario estalló.
El déficit, pues, debería reducirse no mediante los recortes de gasto público sino a través de la reversión de las políticas fiscales regresivas que han ido ocurriendo durante estos años. Y esto aplica tanto al Estado Central como a los estados autonómicos. En realidad, el Estado, incluyendo la Generalitat de Catalunya, ya tiene los medios para corregir esta regresividad fiscal. Es más, hay medidas que serían enormemente populares como hacer impuestos finalistas para la sanidad grabando el tabaco y el alcohol (que tienen los impuestos más bajos de la UE-15), así como exigir a las Mutuas Patronales que paguen los costes de los enfermos por causas laborales (que representan casi el 18% de pacientes hospitalarios) y que hoy no pagan. Ninguna de estas alternativas se está considerando.
Tal argumento ignora que los recortes son, en realidad, motivados políticamente respondiendo a intereses particulares en lugar de generales. Tales recortes, en un sistema público escasamente financiado, significan un daño considerable al sector sanitario catalán. El gasto público sanitario per cápita de Catalunya es de 1.410 euros estandarizados (euros homologados en su capacidad de compra en países de distinto nivel de riqueza) y de 1.744 en España, siendo los más bajos de la UE-15 cuyo promedio es de 2.102, y ello a pesar del crecimiento muy notable de tal gasto durante el periodo 2003-2010, en que la Generalitat estuvo gobernada por las izquierdas. Cataluña, cuyo PIB per cápita es el 120% del promedio de la UE-15, tiene un gasto público sanitario per cápita de solo el 80% del promedio de la UE-15. Catalunya se gasta solo el 4.5% del PIB en sanidad, frente al 6.7% en España y el 7.5% en la UE-15.
El problema no es el excesivo gasto público sino los escasos ingresos al estado
Tales recortes no solo son muy perjudiciales sino que son innecesarios. En realidad el bajo gasto público sanitario per cápita no es, como las derechas nacionalistas constantemente acentúan, debido “al expolio de Catalunya por parte de España”, sino a las políticas fiscales regresivas llevadas a cabo en el estado español (incluyendo el catalán) con el apoyo de CiU. España y Cataluña tienen los ingresos al estado más bajos de la UE-15. Solo el 34% del PIB, comparado con el 44% en la UE-15 y el 54% en Suecia. Ni que decir tiene que el históricamente heredado centralismo del estado español explica que todavía haya una sobrecarga de “solidaridad” de Cataluña con España en los intercambios fiscales entre el estado central y el gobierno autonómico catalán, sobrecarga que debe corregirse (el déficit fiscal de Catalunya respecto al Estado es mayor que el que ocurre en sistemas federales como Alemania y EEUU) y se estaba corrigiendo durante los pactos fiscales que tomaron lugar durante el gobierno tripartito, entre tal gobierno y el gobierno central. Pero acentuar esta dimensión (muy rentable políticamente para los nacionalistas y secesionistas) es ocultar el mayor expolio que no es de nación sino de clase social, es decir el hecho de que las clases pudientes catalanas (en alianza con las clases pudientes castellanas y de otros pueblos y naciones de España) no están contribuyendo al estado en la medida que deberían, y ello como consecuencia de la regresividad de las políticas fiscales (que se acentuarán con los recortes de los impuestos a los grupos más pudientes de la población como el impuesto de sucesiones, y la propuesta eliminación del gravamen de las rentas superiores aprobado por el gobierno de izquierdas anterior) y del elevado fraude fiscal en el que incurren sobre todo las rentas superiores.
Un caso semejante ocurre a nivel de todo el estado. El déficit total de la sanidad española es de 15.000 millones de euros, una cantidad que representa la mitad de la cifra que los propios inspectores de Hacienda del Ministerio de Economía han indicado que podría corregirse revirtiendo las reformas regresivas que se hicieron en los últimos quince años (con el apoyo de CiU) y que afectarían a solo una minoría de la población. Como indicó en su día el Fondo Monetario Internacional, dos terceras partes del déficit estructural del Estado español (que incluye al gobierno central y a los autonómicos) se debe a los recortes de impuestos que han ido tomando lugar en España (y en otros país de la UE-15) durante los últimos quince años. El boom inmobiliario y su elevado crecimiento económico había ocultado este déficit estructural del estado, que apareció con toda claridad cuando el boom inmobiliario estalló.
El déficit, pues, debería reducirse no mediante los recortes de gasto público sino a través de la reversión de las políticas fiscales regresivas que han ido ocurriendo durante estos años. Y esto aplica tanto al Estado Central como a los estados autonómicos. En realidad, el Estado, incluyendo la Generalitat de Catalunya, ya tiene los medios para corregir esta regresividad fiscal. Es más, hay medidas que serían enormemente populares como hacer impuestos finalistas para la sanidad grabando el tabaco y el alcohol (que tienen los impuestos más bajos de la UE-15), así como exigir a las Mutuas Patronales que paguen los costes de los enfermos por causas laborales (que representan casi el 18% de pacientes hospitalarios) y que hoy no pagan. Ninguna de estas alternativas se está considerando.
Las consecuencias de la pobreza del sector público
Lo que el sistema sanitario requiere es más, no menos fondos. Se exagera la evaluación positiva de la población del sistema sanitario español, considerándola como “excelente”, lo cual no concuerda con los datos. La evaluación del sistema público sanitario español es un aprobado alto (6.4), que ni siquiera llega a notable. Y ello se debe a la subfinanciación, de la cual la medicina privada se beneficia. España y Cataluña tienen el gasto menor en la sanidad pública y el gasto mayor en la privada de los países de la UE-15. La segunda viene determinada por la primera. Y estos recortes beneficiarán a la privada, la cual aumentará incluso más mediante la desgravación del aseguramiento privado, medida que los conservadores-neoliberales propondrán. Los profesionales que trabajan en el sector privado están mal pagados y es un insulto considerar sus reivindicaciones resultado de la necesidad de calentar el patio consecuencia de las elecciones sindicales.
Una última observación. Los recortes tan notables que están ocurriendo en la sanidad pública catalana se presentarán como “modelos a seguir” en las otras Comunidades Autonómicas. Y su origen es la presión que el Estado (tanto central como autonómico) está recibiendo del Fondo Monetario Internacional y de las fuerzas conservadoras-liberales que dominan las instituciones europeas. Tales presiones se presentan como necesarias a fin de “tranquilizar a los mercados financieros”, fórmula que se utiliza constantemente para justificar los enormes recortes de no solo la sanidad sino también de la educación pública y otros componentes del estado del bienestar. En este argumento se ignora deliberadamente que, tal como indiqué antes, el déficit del estado (tanto central como autonómicos) puede reducirse mediante el aumento de los impuestos de los grupos que se beneficiaron más de las políticas neoliberales que se han estado imponiendo a la población durante estos años, alternativa que nunca es considerada. De ahí que el consenso que se está intentando crear alrededor de la necesidad de aceptar los recortes de gasto público sanitario y social, sea un intento claramente político y propagandístico, apologético de las relaciones de poder existentes en nuestro país, sin que tenga validez científica. Si el estado autonómico (central y autonómico) tuviera las mismas políticas fiscales que, por ejemplo, Suecia, el estado español ingresaría más de 200.000 millones de euros más de los que ingresa ahora, cantidad más que suficiente para evitar los recortes de gasto social, reduciendo el déficit del estado. Que ello no se haga se debe al enorme dominio que las fuerzas conservadoras y neoliberales tienen en nuestro país. Así de claro.
Lo que el sistema sanitario requiere es más, no menos fondos. Se exagera la evaluación positiva de la población del sistema sanitario español, considerándola como “excelente”, lo cual no concuerda con los datos. La evaluación del sistema público sanitario español es un aprobado alto (6.4), que ni siquiera llega a notable. Y ello se debe a la subfinanciación, de la cual la medicina privada se beneficia. España y Cataluña tienen el gasto menor en la sanidad pública y el gasto mayor en la privada de los países de la UE-15. La segunda viene determinada por la primera. Y estos recortes beneficiarán a la privada, la cual aumentará incluso más mediante la desgravación del aseguramiento privado, medida que los conservadores-neoliberales propondrán. Los profesionales que trabajan en el sector privado están mal pagados y es un insulto considerar sus reivindicaciones resultado de la necesidad de calentar el patio consecuencia de las elecciones sindicales.
Una última observación. Los recortes tan notables que están ocurriendo en la sanidad pública catalana se presentarán como “modelos a seguir” en las otras Comunidades Autonómicas. Y su origen es la presión que el Estado (tanto central como autonómico) está recibiendo del Fondo Monetario Internacional y de las fuerzas conservadoras-liberales que dominan las instituciones europeas. Tales presiones se presentan como necesarias a fin de “tranquilizar a los mercados financieros”, fórmula que se utiliza constantemente para justificar los enormes recortes de no solo la sanidad sino también de la educación pública y otros componentes del estado del bienestar. En este argumento se ignora deliberadamente que, tal como indiqué antes, el déficit del estado (tanto central como autonómicos) puede reducirse mediante el aumento de los impuestos de los grupos que se beneficiaron más de las políticas neoliberales que se han estado imponiendo a la población durante estos años, alternativa que nunca es considerada. De ahí que el consenso que se está intentando crear alrededor de la necesidad de aceptar los recortes de gasto público sanitario y social, sea un intento claramente político y propagandístico, apologético de las relaciones de poder existentes en nuestro país, sin que tenga validez científica. Si el estado autonómico (central y autonómico) tuviera las mismas políticas fiscales que, por ejemplo, Suecia, el estado español ingresaría más de 200.000 millones de euros más de los que ingresa ahora, cantidad más que suficiente para evitar los recortes de gasto social, reduciendo el déficit del estado. Que ello no se haga se debe al enorme dominio que las fuerzas conservadoras y neoliberales tienen en nuestro país. Así de claro.